La investigación impulsada por Yoe Suárez, periodista independiente y becario de Cultura Democrática, es publicada en Yucabyte y The Washington Stand sobre cómo represores y torturadores del régimen totalitario de Cuba piden asilo y emigran a los EEUU.
La advertencia es que, al emigrar dichas personas debieron responder falsamente preguntas que son parte del proceso migratorio y así cometen delito federal, además del hecho que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Estas preguntas son: “¿Estuvo usted de algun modo involucrado alguna vez en actividades como genocidio, tortura, la muerte o el intento de matar a alguien, lastimar seriamente o tartar de lastimar a propósito a alguien? ¿Ha perseguido usted alguna vez, directa o indirectamente, a alguna persona por razón de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a algún grupo social en particular u opinión política? ¿Ha sido usted miembro, sirvió o ayudó o de otra manera participó alguna vez en (…) unidades militares, paramilitares, de la policía o grupos parapoliciales?”.
El periodista cita los testimonios de activistas como Oscar Casanella, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020 y Jorge Luis García “Antúnez”, ex preso político, que reconocieron a sus torturadores y represores en lo que ellos consideran suelo de la libertad.
Organizaciones de la sociedad civil cubanas independientes han trabajado con el objetivo de evitar que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, circulen impunemente por tierras de libertad y que haya justicia para sus víctimas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) recuerda la existencia de mecanismos como la Ley Magnitsky, que persigue a violadores de derechos humanos a nivel global. El Instituto Cubano para la Libertad de Prensa (ICLEP) ha reportado múltiples casos y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) impulsó una página web para denunciar e identificar a los represores cubanos.
La importancia de este artículo es recordar lo que se puede hacer para evitar que los represores cubanos vivan impunemente no sólo en Cuba, sino también en países democráticos como Estados Unidos, cuyos gobiernos están obligados por el derecho internacional de defender los derechos humanos.
